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Opinión

Akın Özçer

Mirada original

Akın Özçer

Minorías y autonomía: el caso de España y Turquía

10-03-2015 - 00:00h.

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La autonomía política es, en teoría, la más evolucionada de las tres dimensiones de la protección de las minorías nacionales que empezó con la creación de los estados nación, y se convirtió en uno de los principales criterios del Estado democrático de derecho con la adopción de varios tratados multinacionales a lo largo del siglo XX.

La primera dimensión concierne el reconocimiento de los derechos de minorías que son básicamente individuales. En este sentido, la expresión “derechos de las minorías” comprende los derechos individuales normales de las personas pertenecientes a las minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, culturales o sexuales. Como en un Estado democrático de derecho todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin ninguna discriminación, no se puede prohibir a los miembros de una minoría cualquiera el ejercicio de sus diferencias. Esa es la interpretación del Consejo Constitucional de Francia, que no reconoce minoría alguna en su territorio, lo cual permite la existencia de un cierto derecho a la diferencia (droit à la différence) no escrito para proteger a los miembros de minorías nacionales en el país vecino.

La segunda dimensión concierne el otorgamiento de derechos específicos, por ejemplo lingüísticos, a las personas pertenecientes a las minorías, como la enseñanza de su lengua materna, la educación en esta lengua en escuelas privadas o públicas, o el uso del idioma minoritario en justicia, política o en otras esferas de la vida pública. Por supuesto, esos derechos lingüísticos pueden limitarse geográficamente a unas regiones donde son concentrados los miembros de la minoría en cuestión. Hay que subrayar una y otra vez que todos estos derechos son individuales, pues el sujeto no es el grupo minoritario sino la persona que pertenece a este grupo.

La tercera dimensión concierne la protección de las minorías nacionales por arreglos institucionales. El objetivo no es sólo proteger la minoría contra la mayoría sino también facilitar su participación efectiva en el proceso democrático de toma de decisiones del conjunto de la comunidad política. Es desde esta óptica que la autonomía política gana importancia. No está reconocida de manera expresa como un derecho colectivo otorgado a una minoría por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Pero tal y como subrayan Eloísa González Hidalgo y Eduardo J. Ruiz Vieytez, en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, el derecho a la autonomía es por principio el contenido del derecho a la participación política de las personas pertenecientes a las minorías nacionales.

La adaptación del arreglo territorial del poder político a la distribución étnica de la población permite la formación de entidades donde los grupos minoritarios a nivel nacional se vuelven mayoritarios, y por consiguiente están en condición de ejercer el poder político en las instituciones previstas por la constitución. Se trata del Estado federal, que permite la descentralización política más desarrollada en este sentido. Sin embargo, el sistema federal que prevé generalmente una simetría constitucional puede no ser una fórmula mágica para satisfacer todas las demandas de las minorías. El ejemplo típico de Quebec en Canadá nos recuerda que la asimetría es a veces más importante que el sistema en si mismo.

El artículo 2 tan discutido de la Constitución española, que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española”, estableció una asimetría aberrante a pesar de la divisa “Café para todos” y la interpretación igualitaria forzada por la LOAPA. La diferencia entre regiones y nacionalidades se ha profundizado a lo largo de estos 36 años desde la aprobación de la constitución. Los vascos conocen sin duda mucho mejor que yo la federalización creciente del Estado autonómico.

“Si España era, hace veinte años, el Estado más centralista de Europa, hoy es uno de los más descentralizados y cuenta con instituciones equivalentes a los federalismos europeos como el alemán o el austriaco” escribía Eliseo Aja ya en 1999, en su magnífico libro “El Estado autonómico”. Y Ramón Jáuregui, que tuvo la amabilidad de recibirme antes de mi regreso al Ministerio de Exteriores en Ankara en octubre de 1998, ya me dijo entonces con franqueza que España se convertiría en un Estado federal con algunas enmiendas constitucionales sin tener que cambiar el sistema actual.

Ya sea como Estado autonómico o federalizado, España, que reconoce el derecho a la participación política de las personas pertenecientes a las minorías nacionales en sus comunidades respectivas, no pudo satisfacer a los nacionalistas independistas, que llagaron a tener la mayoría absoluta en sus parlamentos autonómicos respectivos, tanto en Euskadi como en Catalunya. La cuestión esencial es la siguiente: ¿pueden las comunidades autónomas decidir su propio futuro independientemente del de España, o no?

La respuesta se encuentra en los documentos históricos de las Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación, al cual se refieren los independistas aludiendo que no son una comunidad ni una nacionalidad, sino una nación propiamente dicha. La resolución 1514 del año 1960 de la Asamblea General de Naciones Unidas o la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, no reconoce este derecho a los pueblos que forman parte de una nación. Según el artículo 6 de la resolución, “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

Por tanto tenemos que aceptar que una región, una comunidad autónoma o un Estado federal de un país cualquiera no pueden decidir solos sobre su futuro si la constitución del país no lo permite. La vía prevista por la constitución española es evidente: someter a la aprobación del Congreso todas las decisiones sobre la autodeterminación de las cámaras autonómicas. El plan Ibarretxe por ejemplo fue rechazado en 2005 por una mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es también obvia: si hay que decidir sobre el futuro de una comunidad, el referéndum de autodeterminación debe hacerse en toda España y no solamente en la comunidad que lo pide.

En Turquía, es el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) quien pide la autonomía política inspirada en el modelo español desde hace mucho tiempo. El HDP es un partido político que tiene un cierto vínculo con el PKK; razón por la cual, se asemeja a la antigua Batasuna, Euskal Herritarrok o el nuevo Sortu. Lo curioso es que aboga por la autonomía, como el PNV del proceso constitucional, y no por la autodeterminación como los partidos políticos de la izquierda abertzale.

Ahmet Türk, alcalde de Mardin y ex parlamentario del DTP, un partido predecesor del HDP cerrado por el Tribunal Constitucional en 2009 por separatismo, me confesó ya hace muchos años que firmaría con los ojos cerrados la Constitución española, sin insistir además en la creación de un sistema asimétrico como el partido de Sabino Arana, que considera la autonomía como un paso intermedio para llegar a la independencia de Euskal Herria.

El HDP aboga por una Turquía dividida en regiones autonómicas según el espíritu de café para todos o bien el de LOAPA. Si bien la violencia es inaceptable para llegar a cualquier fin político, sería todavía más ilógico usar las armas para construir un Estado puramente autonómico, cerrado a las aspiraciones independistas.

Como ya saben, el partido gobernante AK Parti está dirigiendo desde hace más o menos dos años ahora, un proceso de paz con el PKK a través de su líder encarcelado, Abdullah Öcalan. Pero por supuesto la paz no tiene y no debe tener ningún precio político. Turquía no se convertirá en un Estado autonómico a cambio del abandono de las armas, porque el principio democrático irrenunciable es que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

En lo que concierne al proceso de paz, no voy a entrar en los detalles. Sólo subrayaré que el objetivo es abrir las vías de reinserción para aquellas personas que no tienen las manos manchadas de sangre y que decidan abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos: resumidamente, todo en perfecta armonía con el espíritu del Pacto de Ajuria Enea.

El gran problema de Turquía es que a diferencia de España, no tiene todavía una constitución verdaderamente democrática, a pesar de numerosas enmiendas (más de 80) realizadas sobre todo en el proceso de adhesión a la UE. Es una constitución de la junta militar que instauró en 1983 una tutela kemalista burocrática. Al inicio, el Artículo 4 estipula que el preámbulo y los tres primeros artículos no se pueden tocar, una dificultad para la democratización del sistema prevista por los militares. El Artículo 2 por ejemplo define la República Turca como un Estado de derecho, democrático, laico y social, pero igualmente “vinculado al nacionalismo de Atatürk”, “basado en los principios del preámbulo” que distan de ser democráticos, y lo mejor que puedo decir es que se limita a ser “respetuoso con los derechos humanos.”

En lo que respecta a la protección de las minorías nacionales, la constitución turca de 1982 prevé un sistema calcado del modelo francés, pero con importantes deficiencias democráticas. Como en Francia, no hay minorías en el territorio turco salvo las minorías no musulmanas definidas en el tratado de paz de Lausana. Los kurdos son considerados como turcos y su idioma negado; una situación que perduró hasta las reformas políticas realizadas a lo largo del proceso de entrada a la Unión Europea.

En cuanto a la autonomía, que no satisface a los nacionalistas vascos y catalanes, ésta se percibe como un modelo separatista en sí mismo que pretende dividir al país, y los que la defienden son separatistas puros y no demócratas que piden más participación en la política de las personas pertenecientes a las minorías nacionales. Esta concepción tan atrasada impidió durante mucho tiempo la apertura democrática hacia los kurdos, y lo que es más grave, ha asegurado al partido de extrema derecha MHP su representación en el parlamento.

En cuanto al principal partido de la oposición, pese a que se autodefine como social demócrata tampoco tiene una postura más democrática que el anterior. Se ha opuesto a la apertura kurda desde el principio con los mismos argumentos que el partido de extrema derecha, no respalda el proceso de paz, y defiende los cuatro primeros artículos de la constitución como sus líneas rojas.

Esta pequeña vuelta de horizonte comparativa nos permite sacar algunas conclusiones respecto a la autonomía política. Tenemos que aceptar que la autonomía no satisfará nunca a los que la consideran como una etapa intermedia en el camino de la independencia; en cambio, podría ser una fórmula viable para la integración de las minorías nacionales cuyas diferencias son negadas desde hace décadas.

Discurso pronunciado el 10 de febrero en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) durante la sesión “Dimensión Constitucional de la Autonomía Política”.

Akın Özçer es un diplomático turco retirado, antiguo consejero de la Embajada de Turquía en Madrid (1994-1998) y ex cónsul general de Turquía en la ciudad francesa de Lyon (2001-2005).


Artículo traducido del original en turco por Pablo Gómez y Funda Yüce
 

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