Hispanatolia utiliza cookies propias y de terceros para garantizar el buen funcionamiento de la web y mejorar la experiencia del usuario. Al pulsar "Aceptar" acepta el uso de cookies en este sitio web.

Puede obtener más información o conocer nuestra Política de Cookies aquí.

Aceptar

Publicidad

Opinión

Volver

Cuatro meses después del frustrado golpe de Estado, Turquía sigue sumida en una ola de represión por parte del gobierno. Con la excusa de prevenir otra intentona y limpiar el país de terroristas, el ejecutivo está callando las voces críticas que todavía quedan en el país, estén o no relacionadas con la cofradía Gülen o el grupo terrorista PKK.

Apenas horas después de sofocar el golpe de estado, el gobierno del AKP comenzó una purga en las instituciones de simpatizantes y miembros del Hizmet del clérigo musulmán Fethullah Gülen, a quien el gobierno acusó de estar detrás de la asonada. Miles de militares, funcionarios y profesores perdieron su empleo de un día para otro por sus supuestos vínculos con Gülen. Se trataba de un movimiento esperado, aunque no estuviese dentro de la legalidad, despidiendo a gente por supuestos vínculos con la llamada FETÖ (Organización Terrorista de Fethullah) sin juicio previo que probase su culpabilidad. La rapidez con la que el gobierno procedió, dio a entender que probablemente ya contase con una lista de personas non gratas.

Bajo el paraguas de un estado de emergencia que todavía está vigente, el gobierno, con el presidente Erdoğan a la cabeza, ha proseguido con una represión que tiene como objetivo silenciar a las voces críticas que cuestionen su gestión y persona. Universidades, periódicos y partidos políticos están siendo objeto de unas purgas que están erosionando a la ya de por sí maltratada y cuestionada democracia turca.

Para dar una idea del alcance de las purgas hay que hablar de cifras. Desde el intento de golpe, algo más de 76.000 personas han sido detenidas en Turquía, de las cuales cerca de la mitad están en prisión. El estamento militar cuenta con 6.000 arrestados, mientras que el número de jueces y fiscales en dicho estado es de 3.000. En su ánimo por purgar a seguidores de la secta Gülen, cerca de 150.000 funcionarios públicos han sido suspendidos o han perdido su empleo.

Un sector especialmente castigado ha sido el de la educación. Cerca de 68.000 profesores de primera y secundaria y 6.000 docentes universitarios se encuentran entre los 150.000 empleados públicos afectados mencionados con anterioridad. Parte de estos números cubren a personal de los más de mil colegios y 15 universidades cerradas por decreto tras el golpe, muchos vinculados a la secta Gülen. Sin embargo, parte de los destituidos no tienen relación alguna con la cofradía religiosa, su único error fue hacer algo en contra de Erdoğan y su gobierno, ya sea firmar un manifiesto a favor de los kurdos, pronunciarse contra políticas del ejecutivo y un largo etcétera.

En su afán de controlar las universidades, el gobierno eliminó en octubre las elecciones a rector, dejando las manos libres al presidente Erdogan para elegir a dedo a quien más le plazca. Un ejemplo destacable de este nepotismo tuvo lugar recientemente en la Universidad del Bósforo, una de las más prestigiosas del país, en la cual Erdoğan eligió como rector al hermano de una diputada de su partido, pese a que en unas elecciones internas la actual rectora recabó el 86% de los votos.

Otro sector que ha sido víctima de las purgas ha sido el de los medios de comunicación. Hasta 186 canales de televisión, emisoras de radio, periódicos y revistas han sido cerrados desde el golpe. Como en el caso del sector educativo, un número de los medios estaban relacionados con el movimiento de Gülen, pero de nuevo no era el caso de todos ellos. No es de extrañar que Freedom House califique a Turquía como "no libre" en términos de libertad de prensa. Ya antes del golpe la situación era preocupante, como por ejemplo demostró la detención de los periodistas Can Dündar y Erdem Gül, del periódico izquierdista Cumhuriyet, que destaparon la supuesta entrega de armamento por parte de la inteligencia turca a Al-Qaeda y al ISIS, según la oposición, o a los turcomanos, según el gobierno. Casi a diario, algún periodista es detenido en Turquía con la excusa de vínculos con el terrorismo, ya sea de FETÖ o del PKK. Por lo tanto no sorprende que Turquía sea el país del mundo con más periodistas entre rejas según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas.

El tercer estamento que está sufriendo la represión es el político. El pro-kurdo HDP, tercer partido en el parlamento nacional, está en el disparadero. Antes del golpe era conocida la animadversión del gobierno hacia el HDP, que al entrar en el parlamento en los comicios de junio y noviembre del 2015 evitó que el AKP tuviese la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la Constitución. Aun así, esta partido se situó del lado del gobierno y la democracia durante la intentona militar.

El ejecutivo dirigido de facto por Erdogan le ha pagado el favor deteniendo a una decena de sus parlamentarios y a sus dos líderes, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ. A esto hay que sumarle casi 40 alcaldías intervenidas, con la consiguiente deposición de los cargos electos. La mayoría de estas alcaldías están en el sureste del país y eran gobernadas por el HDP o su partido hermano el DBP. Se trata de un golpe en toda regla no tanto al nacionalismo kurdo como a la izquierda turca, no hay que olvidar que varios de los detenidos son turcos y zazas.

En teoría, se les acusa de vínculos con el grupo terrorista PKK, cuya sombra continúa cerniéndose sobre el partido y con el que tuvieron sus escarceos en el pasado. No se puede negar que el HDP y algunos de sus integrantes han tenido anteriormente, y probablemente sigan teniendo en la actualidad, algún tipo de vínculo con el PKK, pero los tiempos de estas operaciones parecen indicar que se encuadran dentro de la estrategia del gobierno de acallar a sus críticos. ¿Por qué no haber llevado los arrestos antes del golpe? El estado del país era otro y el ejecutivo no contaba con la carta blanca de la que disfruta ahora, que incluye detener a diputados de un partido opositor.

Lo preocupante de las purgas es la total libertad con la que está actuando el gobierno amparado por el estado de emergencia. El respeto a la ley parece haber pasado a un segundo plano. Las acusaciones por terrorismo sufridas por muchos de los detenidos y despedidos no han venido acompañadas de la correspondiente decisión judicial que lo demuestre. Estamos ante una represión que está acallando a las voces críticas con el gobierno, algo que llevaba tiempo pasando pero que ha aumentado exponencialmente desde el golpe de julio. Ahora es normal desayunar cada día leyendo sobre detenciones de periodistas, políticos y cierres de medios de comunicación. Lo que antes hubiera copado la actualidad informativa durante semanas debido a su importancia, ahora apenas se olvida en cuestión de horas debido a la sucesión de noticias similares. Una nueva realidad parece estar asentándose en Turquía, una realidad preocupante.

En algún momento terminarán las purgas que llevan casi cinco meses teniendo lugar. Cuándo, es difícil pronosticarlo. Probablemente cuando ya no queden voces críticas en el país y Erdoğan consiga su oscuro objeto de deseo: un sistema presidencialista que le perpetúe en el poder.

Volver

Opina:

  • Condiciones de uso:

    ·No se admiten comentarios xenófobos, ofensivos o calumniantes
    ·El usuario se compromete a respetar la legislación vigente y las Condiciones de Uso del portal
    ·Hispanatolia no se hace responsable de los comentarios aquí vertidos
    ·Queda reservado el derecho a eliminar los comentarios que incumplan estas normas o se consideren fuera de lugar

  • Imagen de seguridad Cargar otro diferente

* Campos obligatorios

0 Comentarios

No existen comentarios a esta entrada ...¡Sé el primero/a en participar!

Conforme con W3C: XHTML 1.0 y CSS 2.1

Diseño web: Runrún Comunicación

Load time: 0.13s

v:S-2014