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Opinión

Francisco Olmos

Paz en casa, paz en el mundo

Francisco Olmos

Un ‘’No’’ para salvar la democracia en Turquía

07-03-2017 - 12:00 CET

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Turquía se encuentra ante la votación más importante en décadas. El 16 de abril los turcos están llamados a las urnas para votar en un referéndum constitucional que tiene como objetivo instaurar un sistema presidencialista en el país por decisión expresa del actual presidente, Recep Tayyip Erdoğan. Sus partidarios argumentan que es lo que necesita el país mientras que sus detractores temen que la acumulación de poderes de Erdoğan ponga en peligro a la delicada democracia turca. Evet o hayır, sí o no, esa es la cuestión.  

Es fácil caer en la tentación de formarse una idea simplemente leyendo los titulares de la prensa o por las simpatías que un personaje como Erdoğan, amado por unos y odiado por otros, pueda levantar. Abundan en los medios los análisis simplistas que solamente se fijan en el término “sistema presidencialista” y en la persona del actual presidente, evitando ir más allá. Por ello considero necesario exponer los cambios en la constitución sobre los que votarán los turcos. Las 18 enmiendas introducen cambios al poder ejecutivo y judicial, al presupuesto, al escrutinio parlamentario y a la destitución del ejecutivo.

El poder ejecutivo

En la actualidad, los turcos eligen cada cinco años por sufragio directo al presidente, que desempeña la tarea de jefe de Estado, y cada cuatro años a los integrantes del parlamento. Es el presidente quien propone al primer ministro, que ha de ser ratificado por el parlamento. Una vez esto tiene lugar, es el primer ministro quien escoge a sus ministros, quienes a su vez han de ser aprobados por el presidente.

Según lo propuesto, los turcos elegirán al mismo tiempo al presidente y al parlamento. La figura del primer ministro desaparece y su función el frente del ejecutivo pasa al presidente, quien escoge a sus ministros. Por lo tanto, el sistema de pesos y contrapesos que tiene a la Gran Asamblea Nacional como principal integrante se desmorona. El parlamento pasa a ser una comparsa ya que pierde voz y voto en la elección del ejecutivo.

La concentración de los poderes en la figura del presidente hace que no exista un contrapeso al jefe del ejecutivo, al contrario de lo que ocurre ahora. El jefe del Estado es a su vez el jefe del ejecutivo y el país pierde una figura de neutralidad institucional, aunque desde que accedió a la presidencia Erdoğan ha desempeñado un papel partidista.

El poder judicial

El referéndum constitucional propone un cambio significativo a la hora de elegir a los jueces. Uno de los órganos más afectados es el Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), o Junta Suprema de Jueces y Fiscales, el consejo disciplinario del sistema legal que admite a los jueces y fiscales en la carrera judicial. De 22 miembros se pasaría a 13, de los cuales el presidente elegiría a 6, el parlamento a otros 6 y el ministro de Justicia a uno. Se trata de dar la marcha atrás a una reforma impulsada por el propio Erdoğan en el 2010 para dar independencia al poder judicial. Cabe recordar que ya en la actualidad el presidente escoge a 14 de los 17 integrantes del Tribunal Constitucional.

Bajo el sistema actual, el 41% de los principales cargos judiciales del país son elegidos por otros jueces, el 46% por el presidente, el 8% por el parlamento y el 5% por el primer ministro y su gabinete. Sin ser un sistema perfecto, los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se reparten la elección de jueces. La propuesta del gobierno termina politizando del todo la justicia. Según lo propuesto, el presidente escogerá al 69% de estos jueces mientras que el parlamento hará lo propio con el 31% restante, es decir, se pone al poder judicial a disposición del presidente.

El presupuesto

La responsabilidad de proponer el presupuesto anual pasará de los ministros al presidente. En la actualidad, un comité presupuestario con representación de todos los partidos políticos en el parlamento analiza el presupuesto. La composición de dicho comité no está especificada en las enmiendas constitucionales. Además, ahora los ministros no pueden enmendar los presupuestos a base de decretos, pero dicha limitación desaparece para el presidente.

Escrutinio parlamentario

El artículo 98 de la Constitución actual dota al parlamento de cinco mecanismos para controlar al gobierno: investigación parlamentaria, sesión de preguntas, debate parlamentario, consulta parlamentaria y moción de censura. De los cinco mecanismos, solamente el debate parlamentario y la consulta parlamentaria se mantienen tal y como están ahora.

Investigación parlamentaria: en la actualidad, se necesita una décima parte del parlamento para activar este mecanismo. Con los cambios, el parlamento perdería la potestad de activarlo.

Sesión de preguntas: en la actualidad los diputados pueden preguntar, de manera escrita u oral, al primer ministro y sus ministros. Tras los cambios, dichas preguntas solamente podrán hacerse de manera escrita a los ministros y vicepresidentes, pero no al presidente que escapa inmune a este procedimiento.

Moción de censura: en la actualidad veinte diputados son suficientes para proponer una moción de censura contra el primer ministro y su gabinete. Este mecanismo de control quedaría totalmente abolido de aprobarse el referéndum.

Al igual que en la elección del ejecutivo, la Gran Asamblea Nacional se convertiría en un órgano decorativo, sin poder de escrutinio sobre el gobierno y menos todavía sobre la figura del presidente. No poder presentar una moción de censura, no poder comenzar una investigación parlamentaria y no poder preguntar al presidente son cosas inconcebibles para toda democracia.

Destitución del poder ejecutivo

La moción de censura, mencionada anteriormente, es sustituida por una investigación (soruşturma). En la actualidad, si se activa el mecanismo de la moción los plazos estipulados hacen que deba resolverse en 18 días. La soruşturma podría llevar hasta diez meses y solamente afectaría a los ministros y vicepresidentes, es decir, una vez más, no al jefe del ejecutivo.

Sólo existe una forma para apartar el presidente en la actualidad: acusarlo de traición. Para ello se necesitan tres cuartas partes del parlamento. La reforma sustituye el término traición por “crimen” pero se necesitaría una mayoría parlamentaria para proponer una investigación del presidente, mientras que ahora sólo se necesita un tercio de los votos. Además, el presidente sería juzgado por los 17 jueces del Constitucional, de los cuales 14 son elegidos por el propio presidente como ya hemos visto.

Los cambios propuestos en las enmiendas a la Constitución no hacen sino blindar a Erdoğan. Sería muy difícil que la mayoría del parlamento aprobase investigarle pero, si se da el caso, le juzgarían jueces que él mismo ha nombrado. Sobran las explicaciones.

Una vez expuesto en qué consiste realmente el referéndum del 16 de abril uno puede decantarse por apoyarlo o no. El hecho de que el presidente acumule todo el poder ejecutivo, que el parlamento se convierta en un órgano sin autoridad ni capacidad de control y que el presidente influya de manera desmedida en el poder judicial no son características propias de una democracia. Si a esto le añadimos el control del gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación y sobre el sistema educativo, y una oposición débil y arrinconada, tenemos todos los ingredientes para un régimen autoritario

Montesquieu ya está herido de gravedad en la Turquía actual pero de aprobarse el referéndum no solamente se le daría el golpe de gracia, sino que se le enterraría en una sima profunda. Es por ello que lo mejor para Turquía y su democracia es que gane el “No” el próximo 16 de abril.  

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