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Opinión

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Hace poco se cumplió el primer aniversario de la intentona golpista del 15 julio del año pasado. Doce meses durante los cuales el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ha sumido a una Turquía bajo un perenne estado de emergencia en una ola de purgas incesantes. Decenas de miles de empleados públicos han perdido su trabajo mientras otros han sido encarcelados. ¿Su crimen? Pertenecer a la Organización Terrorista de Gülen (FETÖ). O eso se supone.

Los integrantes del movimiento, cofradía o secta religiosa, según quien la describa, liderada por Fethullah Gülen se han convertido en el enemigo más acérrimo del gobierno turco. El que otrora fuera un estrecho aliado de Erdoğan y compañía es ahora el origen de todos los males del país, protagonista en algunos casos de conspiraciones difíciles de creer. El gobierno y sus medios afines insisten en que fue Gülen quien estuvo detrás del fallido golpe aunque la autoría de la asonada militar todavía no está del todo clara. Hay teorías que van desde culpar a Gülen hasta al propio gobierno en lo que sería una operación de falsa bandera. Cada cual puede escoger la opción que más le convenga.

Hace algo más de un lustro, la situación actual del país era completamente diferente. Erdoğan y Gülen, AKP y Hizmet, partido político y secta eran estrechos aliados. Tener un enemigo en común, en este caso los militares y la judicatura, les unió con un fin común. El gobierno de Erdoğan se benefició entonces de la infiltración de Gülen en las estructuras del Estado y en unos juicios mediáticos, conocidos como Balyoz y Ergenekon, se descabezó al ejército turco. Posteriormente se demostraría que un número de pruebas eran falsas y ciertas trama no eran más que pantomimas, pero el daño ya estaba hecho. Sin un enemigo que les uniese, estalló una guerra entre Erdoğan y Gülen para quedarse con el pedazo más grande de la suculenta tarta del poder. El gobierno clausuró centros educativos gülenistas, fuentes principales de reclutamiento y financiación, y éstos reaccionaron destapando casos de corrupción en el gobierno. El resto, como dicen, es historia.

La relación entre el AKP y el Hizmet era tan estrecha que el movimiento religioso tenía parlamentarios en el partido de Erdoğan, como el exfutbolista Hakan Şükür, mientras que los medios gülenistas, como los clausurados Zaman y Today’s Zaman, se habían convertido en poco más que voceros del gobierno. Los lazos también existían a nivel personal, con familiares de miembros del gobierno que pertenecían al Hizmet y viceversa, como el yerno del ya ex viceprimer ministro y fundador del AKP Bülent Arınç. Incluso a día de hoy, es fácil ver el nexo de ministros con Gülen, como es el caso de la nueva ministra de Trabajo Jülide Sarıeroğlu, quien, horas después de su nombramiento, todavía tenía en su cuenta de Twitter una cita del propio Gülen. Alguien del AKP en Ankara estará pagando por haber pasado el tweet por alto.

Independientemente de quien estuviese detrás del golpe del 15-J, la intentona le ha servido al gobierno para purgar el país de gülenistas. El movimiento Gülen, anteriormente reverenciado, pasó a denominarse Organización Terrorista de Gülen (FETÖ). De darse las correctas garantías judiciales y democráticas, cosa que no es el caso, podría entenderse que el gobierno quiera poner punto y final a la influencia de una organización religiosa que busca llegar al poder a través de la infiltración en las instituciones gubernamentales y no a través de la urnas. El problema llega cuando, a parte de no cumplirse las citadas garantías, comienza a aplicarse la etiqueta de “gülenista” a todo opositor al gobierno.

Ateos confesos, gente de izquierdas, liberales, personas del todo ajenas al movimiento Gülen han sido tildadas de pertenecer a FETÖ y despedidas de sus trabajos o encarceladas. ¿Su error? Mostrar, de una manera u otra, su descuerdo u oposición al gobierno. Se ha acusado a tantas personas de pertenencia a FETÖ que, al igual que en el cuento de Pedro y el lobo, dichas afirmaciones carecen ya de valor. Acusar a alguien de gülenista se ha convertido en la excusa perfecta para silenciar a los opositores al gobierno, y más todavía tras el golpe y durante el estado de emergencia.

En nombre de eliminar al enemigo gülenista, Erdoğan y su gobierno están atropellando los derechos de miles de ciudadanos turcos y están acallando a sus opositores, sean culpables o no de pertenecer a la secta de Gülen.

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