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Política

142 parlamentarios franceses recurren por inconstitucional la ley sobre el genocidio armenio

Francia asamblea nacional

31-01-2012 - 18:00 CET | Hispanatolia

Tras las críticas que la ley ha recibido por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o desde la Casa Blanca, cerca de 150 diputados y senadores franceses se han sumado a un recurso ante el Consejo Constitucional de Francia.

Más de 140 parlamentarios franceses tanto de la Asamblea Nacional como del Senado se han sumado con su firma a la apelación presentada ante el Consejo Constitucional de Francia contra la ley aprobada el pasado 23 de enero en la cámara alta del parlamento francés -el Senado- que estipula multas de miles de euros y penas de cárcel para cualquiera que niegue o simplemente cuestione que el Imperio Otomano cometió un genocidio deliberado contra la población de Armenia de Anatolia hace ahora un siglo.

Al menos 60 firmas son requeridas de legisladores de la Asamblea Nacional -cámara baja del parlamento francés- o del Senado para poder presentar una apelación de este tipo ante el Consejo Constitucional; en esta ocasión esa cifra fue superada con creces, ya que 77 senadores y 65 diputados de la Asamblea Nacional y de muy diferentes espectros políticos se sumaron a la petición.

El Consejo Constitucional, compuesto por 11 miembros, dispone ahora en teoría de 30 días para determinar si la ley aprobada en diciembre en la cámara baja y el pasado 23 de enero en el Senado viola la constitución y supone un atentado contra la libertad de expresión. Dicho período sin embargo podría ser forzado a verse reducido a sólo 8 días si el gobierno exigiera una decisión de urgencia, algo que no parece descabellado dado que la ley aún debe ser ratificada por el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien fue uno de sus principales impulsores con el objetivo según la opinión de muchos analistas políticos de ganarse los votos de la numerosa comunidad armenia del país y ver reducida así la desventaja que presenta en los sondeos de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en tres meses, en las que parte como favorito el socialista François Hollande.

Los 11 miembros del Consejo Constitucional incluyen a ex presidentes de la República como Valerie Giscard d' Estaing o Jacques Chirac, y está presidido por Jean-Louis Debre, un antiguo miembro del UMP -la formación de Sarkozy- que ya fue en su día uno de los principales detractores del actual presidente galo en su partido.

Si la ley entrase finalmente en vigor, condenaría con penas de hasta un año de prisión y multas que podrían alcanzar a los 45.000 euros a cualquiera que niegue, cuestione o "minimice abiertamente" la existencia de un genocidio deliberado contra los armenios cometido durante los años finales del Imperio Otomano, en plena I Guerra Mundial, equiparándolo al Holocausto. Tales condenas se aplicarían incluso a académicos e historiadores que investigasen el genocidio y cuyas conclusiones no se ajustaran a lo determinado por la normativa.

La propia comisión constitucional del Senado ya había manifestado el pasado 19 de enero en una resolución aprobada por 23 votos a favor y sólo 9 en contra que la propuesta era contraria a la constitución francesa y ni siquiera debería votarse. Pero sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por los senadores presentes durante la votación del 23 de enero, a la que acudieron poco más de la mitad del total (apenas medio centenar de los 577 miembros de la Asamblea Nacional participaron en la primera votación de la ley). Varios medios especularon abiertamente con la idea de que los dos principales partidos con representación en el Senado -el gobernante UMP y el opositor Partido Socialista (PS)- habían dado instrucciones explícitas a sus legisladores para que se abstuviesen de acudir a la votación si no iban a votar a favor de la ley.

Palabras de elogio desde Turquía

Desde Turquía, país que desde el principio ha sido muy crítico con la propuesta aprobada en las dos cámaras del parlamento francés por considerarla electoralista y contraria a los valores europeos y la libertad de expresión, llegaron el martes palabras de elogio de sus principales líderes y representes políticos.

El primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan, que había calificado la ley tras ser aprobada en el Senado de "discriminatoria y racista", se refirió el martes a la demanda presentada por los 142 parlamentarios franceses afirmando que "los legisladores (firmantes) han hecho lo que beneficia a Francia".

El Embajador de Turquía en Francia, Tahsin Burcuoğlu, afirmó por su parte en unas declaraciones televisadas que había habido una enorme presión por parte del partido en el gobierno y la oposición para que sus diputados y senadores no firmasen el recurso contra la ley sobre el genocidio. "(Los firmantes) han mostrado coraje, y yo les doy las gracias por ello... No resulta nada fácil para un político hacer algo así", dijo Burcuoğlu.

El presidente turco Abdullah Gül, de visita oficial en Dubai, también se mostró confiado en que la demanda prospere. "Las libertades son la más importante fuente de fuerza para un país, y esta propuesta va en detrimento de la libertad de expresión", dijo. Por su parte el ministro de exteriores turco Ahmet Davutoğlu subrayó que con su gesto los legisladores franceses "se han alzado por sus propios valores, al tiempo que dijo esperar que "la amistad turco-francesa triunfe finalmente".

Críticas desde Amnistía Internacional y Estados Unidos

Desde que la ley fuera ratificada en el Senado ha sido objeto de numerosas críticas no sólo en Turquía -donde ha contado con la oposición de la propia comunidad armenia residente en el país- o en Francia, sino también en otros países y por parte de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Una de ellas ha sido precisamente Amnistía Internacional, que considera que criminalizar la negación de que las muertes de armenios durante 1915 constituyeron un genocidio representa un atentado de pleno contra la libertad de expresión. "Esta propuesta de ley, si se aplica, tendrá un efecto escalofriante en los debates públicos y contraviene las obligaciones internacionales que tiene Francia de mantener la libertad de expresión", declaraba la semana pasada Nicola Duckworth, director de AI para Europa y Asia Central, en un comunicado emitido por la ONG tras conocerse la votación en el Senado. "La gente debería ser libre de expresar sus opiniones sobre esta cuestión... en Francia, en Turquía, y donde sea", añadía la nota.

También la secretaria de estado norteamericana Hillary Clinton se mostraba contrariada el pasado jueves por una propuesta que fija por ley una posición que, a su juicio, debería ser dejada no a los políticos sino a los historiadores y expertos en la materia.

"Intentar usar el poder de un gobierno para resolver cuestiones históricas, pienso que abre una puerta que resulta muy peligrosa si se atraviesa", afirmó Clinton desde Washington.

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