La agencia oficial de noticias china Xinhua informó que grupos armados con cuchillos y otras armas blancas habían atacado el miércoles una comisaría de policía y un edificio gubernamental en la provincia fronteriza de Xinjiang, ubicada en el extremo oeste de China y habitada por miembros de la minoría uigur, en unos enfrentamientos que han dejado ya al menos 27 muertos.
Los enfrentamientos se iniciaron a primera hora de la mañana en la localidad de Lukqun, ubicada a unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Xinjiang, Urumqi, donde según la agencia Xinhua bandas armadas atacaron y golpearon a agentes de policía en una comisaría local y prendieron fuego a varios vehículos policiales.
Al menos una decena de los presuntos atacantes murieron por disparos de la policía, a los que habría que sumar otros nueve policías y guardias de seguridad que custodiaban un edificio del gobierno y una zona en construcción que fueron también asaltados. Hay también al menos ocho civiles muertos.
Estos nuevos disturbios en Xinjiang son los más graves desde que en julio de 2009 unas 200 personas murieran según cifras oficiales en enfrentamientos étnicos en Urumqi entre la población autóctona uigur e inmigrantes chinos de la etnia han, a los que los uigures acusan de practicar desde hace décadas una política de colonización en masa con apoyo de Pekín para convertir a la etnia uigur en minoría en su propia tierra, como ocurre en el Tibet. Los chinos “han” son de hecho ya mayoría en algunas de las principales ciudades de Xinjiang -incluída la capital, Urumqi- y ostentan el poder económico en la región.
Xinjiang, llamada también Turquestán Oriental por los nacionalistas uigures, es una inmensa provincia semi-autónoma situada en la frontera noroeste de China habitada mayoritariamente por chinos de etnia uigur, que profesan la religión musulmana y que están emparentados étnica, cultural y lingüisticamente con los turcos. Mientras que los uigures acusan a las autoridades chinas de imponer restricciones sobre su cultura, idioma y religión, el gobierno chino afirma que respeta los derechos de esta etnia y acusa a grupos separatistas de tratar de desestabilizar la región.
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