El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta semana a Turquía por las heridas causadas a un manifestante y urgió a Ankara a revisar sus protocolos sobre el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes, que a menudo han provocado heridas y lesiones serias e incluso la muerte a algunos de ellos.

La decisión del alto tribunal europeo se produjo el lunes en relación al caso de Abdullah Yaşa, quien apeló a Estrasburgo por una demanda sobre las heridas causadas por un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía antidisturbios durante una manifestación que tuvo lugar en 2006.

La corte de Estrasburgo dictó finalmente sentencia a favor del demandante y consideró al Estado turco culpable de violar el artículo que prohíbe la tortura y el trato inhumano o degradante, y condenó a Ankara a pagar 15.000 euros en concepto de indemnización para Yaşa, además de otros 5.000 euros para cubrir los gastos del juicio. No obstante la decisión puede ser aún apelada por cualquiera de las dos partes ante la Gran Sala del tribunal.

En su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala además que el Estado turco necesita reexaminar sus actuales protocolos de actuación en cuanto al uso de gas lacrimógeno contra manifestantes y que “las garantías que rodean el uso apropiado de botes de gas lacrimógeno necesitan ser reforzadas para minimizar los riesgos de muerte y daño como resultado de su uso”.

Human Rights Watch documenta una decena de casos

Tras la sentencia, la organización internacional en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) hacía público el miércoles un informe centrado en las lesiones causadas por el gas lacrimógeno o el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios contra las manifestaciones en Turquía, haciendo un llamamiento similar al del tribunal en lo que se refiere a los protocolos de actuación para dispersar las protestas y exigiendo que el material antidisturbios no sea disparado directamente contra las personas.

El informe de la organización documenta al menos una decena de casos en los que la policía disparó directamente botes de gas lacrimógeno contra manifestantes a corta distancia, causando lesiones que van desde traumatismos en la cabeza hasta pérdida de visión; concretamente se documenta la pérdida de un ojo por parte de un activista, fracturas en el cráneo, o rotura de labios entre otras.

HRW entrevistó además a testigos, abogados y personal médico, y subraya finalmente que los casos documentados en detalle son sólo una pequeña porción de las “decenas que médicos locales y grupos de derechos humanos han registrado de personas con heridas importantes en la cabeza o la parte superior del cuerpo” por el lanzamiento de material antidisturbios.

El uso excesivo de la fuerza ha sido un constante tema de debate en Turquía, especialmente en las últimas semanas durante las protestas contra el gobierno desatadas a raíz de la remodelación del Gezi Park de Estambul. Actualmente Mustafa Ali Tombul, un joven de 17 años de edad, permanece en estado de coma desde que un bote de gas le golpeara en la cabeza durante una intervención policial, mientras que Lobna Allani, una ciudadana turca de origen palestino, ha tenido que someterse a dos operaciones en la cabeza tras otro impacto similar, causándole lesiones que la han dejado parcialmente paralizada.