El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el jueves en contra de la regla establecida por el gobierno federal alemán por la que venía exigiendo a los cónyuges de inmigrantes turcos residentes en el país conocimientos básicos de alemán para permitir el reagrupamiento familiar.

El caso contra el gobierno alemán fue presentado ante el alto tribunal –cuyo veredicto no es apelable- por Naime Doğan, una mujer turca a la que en enero de 2012 la embajada alemana en Ankara le denegó un visado por reagrupamiento familiar para reunirse con su marido, residente desde 1998 en Alemania.

Las autoridades alemanas justificaron entonces la denegación del visado diciendo que la mujer no sabía hablar alemán, y recurriendo a una ley de reunificación familiar de 2007 por la que se exigía a las esposas de los inmigrantes turcos residentes en Alemania que pudieran comunicarse en alemán al menos a un nivel básico para concederles un permiso de residencia, alegando motivos de integración y para evitar los matrimonios de conveniencia.

El Tribunal con sede en Luxemburgo sentenciaba el jueves por contra que tal norma contradice la legislación de la Unión Europea y resulta desproporcionada, chocando además con el Tratado de Asociación firmado entre Bruselas y Ankara en los 70 y que “prohíbe la introducción de nuevas restricciones en la libertad de residencia”.

La corte luxemburguesa subraya en su dictamen que “la exigencia del idioma... va más allá de lo necesario para obtener el objetivo (del visado por reagrupamiento familiar)”. “Semejante requisito del idioma hace la reunificación familiar más difícil” y constituye “una nueva restricción del ejercicio de la libertad de residencia por parte de los ciudadanos turcos”, añadió la sentencia.
     
Hace justo una semana el parlamento federal alemán (Bundestag) aprobaba una nueva ley sobre inmigración que permitirá a los hijos de inmigrantes nacidos en Alemania poder mantener la nacionalidad alemana además de la del país de origen de sus padres, una opción reivindicada durante años y que beneficiará especialmente a los cerca de tres millones de residentes de origen turco –la mayoría de ellos inmigrantes de tercera generación- que viven en el país.