Un tribunal de la provincia turca de Kayseri anunció el miércoles el veredicto sobre el juicio por la muerte del joven estudiante Ali İsmail Korkmaz, fallecido en el 10 de julio de 2013 en la ciudad de Eskişehir durante las protestas por el Gezi Park de Estambul, condenando a dos agentes de policía a 10 años y 10 meses de prisión por la muerte de Korkmaz, que murió después de pasar 38 días en coma tras recibir una brutal paliza en la calle.

Korkmaz, de 19 años de edad y considerado como la quinta víctima de las protestas de Gezi, participaba junto con otros amigos en las protestas en Eskişehir cuando fue interceptado por un grupo de policías y empleados de una panadería cercana indignados por los disturbios causados por los manifestantes, y que le propinaron numerosos golpes en todo el cuerpo y la cabeza que pudieron ser captados en unas cámaras de seguridad, pese a que las imágenes habían sido borradas inicialmente por los autores del crimen.

La sentencia emitida el miércoles condena al policía Mevlüt Saldoğan a 13 años que -descontando su estancia en prisión preventiva- se quedan en 10 años y 10 meses de cárcel por “provocar la muerte” de Korkmaz, e impone otra pena de 10 años de prisión para otro policía implicado en la muerte del joven, Yalçın Akbulut, que sin embargo recibe una reducción de 2 años por buen comportamiento. Otros dos agentes de policía, Şaban Gökpınar y Hüseyin Engin, fueron absueltos.

Para tres de los civiles implicados en el crimen, İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu y Muhammet Vatansever, la corte de Kayseri impuso una pena de 6 años y 8 meses de cárcel por agresiones, mientras que un cuarto implicado, Ebubekir Harlar, pudo salir en libertad pese a que el tribunal lo sentenció a 3 años y 4 meses gracias a varias reducciones de condena.

Saldoğan, para el que la fiscalía pedía cadena perpetua por asesinato premeditado, volvió a insistir en su alegato final en su inocencia si bien admitió haber atacado a otros manifestantes durante las protestas. “La persona a la que golpeé no fue Ali İsmail Korkmaz”, dijo en una video-conferencia desde la cárcel de Ankara donde se encontraba en prisión preventiva desde hace año y medio, en el que acusó a los testigos de mentir y defendió su actuación. “Los verdaderos asesinos no están en esta sala, no son de las fuerzas policiales. Si quieren encontrar al verdadero asesino, entonces es aquel que envió a la gente a las calles”, declaró durante la audiencia final del miércoles.

Los familiares y simpatizantes de la víctima, que se habían concentrado frente al tribunal para conocer la sentencia junto con numerosos representantes de sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda, se mostraron profundamente indignados por unas penas que consideraron demasiado leves, más aún teniendo en cuenta los beneficios y reducciones de condena a los que pueden optar los culpables. Pese a que teóricamente Saldoğan debería salir cerca del años 2026 de prisión, legalmente podría optar a la libertad condicional en marzo de 2019 dado que ya ha cumplido 18 meses en prisión preventiva; el otro policía condenado, Yalçın Akbulut, podría salir de la cárcel en marzo de 2021, según afirmó la prensa turca.

“Maldita sea esta gente y maldita sea esta justicia. La vida de Ali no debería haber costado tan barata”, clamó entre lágrimas la madre de la víctima, Emel Korkmaz, a la salida del tribunal. “¿Es esto la justicia? El mundo entero vio cómo lo mataste”, dijo refiriéndose al principal policía acusado. La tensión previa entre los familiares y simpatizantes de Ali İsmail Korkmaz, que se agravó tras el veredicto, acabó desembocando en enfrentamientos contra la policía que custodiaba los juzgados y que se saldó varios detenidos y al menos una persona herida.

Los abogados de la familia, que criticaron severamente la sentencia calificándola de “injusta”, acusaron al entonces primer ministro y actual presidente Recep Tayyip Erdoğan de estar detrás del veredicto y aseguraron que llevarían el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. En similares términos se expresaron representantes de partidos políticos como el CHP o el HDP, mientras que la secretaria general de la Confederación de Sindicatos Progresistas (DİSK), Arzu Çerkezoğlu, calificó de “política” la decisión del tribunal.