Las autoridades del gobierno libio con base en Tobruk, reconocido por gran parte de la comunidad internacional pero con un control muy limitado sobre algunas regiones del este del país, anunciaron que excluirían a las empresas turcas de nuevos contratos pese a que éstas tradicionalmente han tenido una gran presencia en la nación magrebí.

Así lo anunciaba un comunicado hecho público a última hora del domingo en la web oficial del ejecutivo del primer ministro Abdullah al-Thinni, tras una reunión de emergencia celebrada en la ciudad de Al-Bayda -al este del país- durante la que el gabinete interino decidió revisar todos los contratos con empresas extranjeras.

Si bien el gobierno con base en Tobruk no dio una explicación oficial para la medida, ésta llega después de que el propio Al-Thinni acusase la semana pasada a Ankara de “interferencia” en los asuntos internos de Libia, advirtiendo con tomar medidas contra las empresas turcas con intereses en el país, una interferencia que el primer ministro interino libio dijo que amenaza la “seguridad y estabilidad de Libia”.

El ejecutivo de Tobruk ha acusado en el pasado a Turquía de reunirse con representantes del gobierno rival con sede en Trípoli y que controla de hecho la mayor parte del país, pese a que no cuenta con la legitimidad ni el reconocimiento de la comunidad internacional. Unas acusaciones que rechazaba hace unos días el portavoz de exteriores turco Tanju Bilgiç, quien calificó la actitud mostrada por el gobierno de Al-Thinni de “irresponsable” por realizar “comentarios hostiles y sin fundamento contra nuestro país”; Bilgiç recordó además que desde la revolución que acabó derrocando al dictador Muammar el-Gadafi en 2011, Turquía siempre ha apoyado el proceso de democratización y reconstrucción en Libia.

Antes de la caída de Gadafi, las empresas turcas tenían inversiones en el país magrebí por valor de más de 13.000 millones de euros; una situación que cambió radicalmente tras la guerra civil en el país, cuando cientos de trabajadores turcos fueron evacuados y muchas instalaciones fueron saqueadas por las milicias, por lo que varias compañías turcas mantienen litigios en tribunales internacionales desde entonces exigiendo una compensación por las cuantiosas pérdidas.

Libia vive desde el año pasado un creciente caos político y militar que desembocó el pasado verano en lo que se conoce como la segunda guerra civil libia; el país mantiene dos gobiernos y parlamentos paralelos que se autoproclaman como legítimos: por un lado la Cámara de Representantes con sede en Tobruk –junto a la frontera egipcia- que cuenta con respaldo internacional pero sin apenas poder efectivo, y por otro el Congreso Nacional General (CNG) con sede en Trípoli, de mayoría islamista y que fue instaurado con el apoyo de milicias armadas pese a que su mandato teóricamente expiró después de que las facciones políticas que lo integran perdiesen las elecciones legislativas de junio de 2014.

Pese a que las principales potencias occidentales no otorgan legitimidad al gobierno de mayoría islamista con sede en Trípoli, Naciones Unidas sí ha incluido a miembros y diputados del CNG en las negociaciones de paz con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin al desmembramiento político, militar e institucional del país; en este ámbito es donde Turquía se encuentra entre los pocos países que ha aceptado recibir a representantes del gobierno y el parlamento de Trípoli, lo que ha motivado las iras del ejecutivo paralelo de Tobruk pese a que Ankara insiste en que no pretende tomar partido por ninguna facción sino contribuir a los esfuerzos de mediación de la ONU.

No obstante, mientras que el CNG y el ejecutivo de Trípoli controlan la mayor parte del país, el gobierno de Tobruk posee un control muy limitado sobre algunas zonas del este de Libia, por lo que cualquier medida –incluyendo las sanciones sobre las compañías turcas- sólo tendrá un impacto restringido a aquellas áreas bajo su influencia.