Militantes del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), incluido en la lista de organizaciones terroristas internacionales de la Unión Europea, detonaron en la noche del miércoles un vehículo cargado de explosivos en el distrito de Şemdinli de la provincia fronteriza de Hakkari, en el extremo sureste de Turquía, provocando graves daños a varios edificios incluyendo un hospital público, que quedó fuera de servicio.

La explosión se produjo en la calle Sermet de la localidad de Şemdinli, donde se ubican varios edificios oficiales incluyendo las oficinas del gobernador del distrito y la sede local del departamento de policía, así como el hospital público del municipio, cuyas tres plantas –que incluyen quirófanos, y salas de maternidad y hemodiálisis- quedaron seriamente dañadas por la potente onda expansiva.

La destrucción causada por el coche bomba se reveló en toda su amplitud el jueves por la mañana, con la llegada de la luz del día. Numerosas viviendas, oficinas, tiendas y coches situados en la zona resultaron también con importantes daños y sufrieron incendios que los dejaron inutilizables.

El atentado se produjo coincidiendo con el final de la reunión celebrada a última hora del miércoles por el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía (MGK), que en un comunicado -tras una reunión de seis horas presidida por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan- pidió a la comunidad internacional que designase al Partido de la Unión Democrática (PYD) y a su brazo armado, las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), como organizaciones terroristas.

Pese a que Estados Unidos ha apoyado hasta ahora a las milicias armadas kurdas del PYD en su lucha contra su enemigo común, el autoproclamado Estado Islámico (IS), Ankara no ha ocultado desde el inicio sus recelos hacia esta organización tanto por su papel ambivalente en la guerra civil en Siria –aliándose en un principio con el régimen de Assad en contra de la oposición siria- como por sus vínculos con el PKK en Turquía.

Un reciente informe publicado hace unos días por la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), del que se ha hecho eco la propia ONU, acusaba a la rama armada del PYD, el YPG, de haber destruido cientos de casas de civiles no kurdos –principalmente árabes y turcomanos- en las zonas del norte de Siria bajo su control, con el objetivo de obligarles a huir de la región y establecer un ente autónomo de mayoría étnica kurda.