Un tribunal de la ciudad de Estambul ha ordenado la disolución de un matrimonio tras dictaminar que la unión de la pareja no podía continuar, entre otros motivos, por una actitud negligente del marido que provocó una “violencia económica” contra la mujer.

“El matrimonio estaba tan desgastado que no podía continuar como resultado de la negligencia absoluta del marido, que implicaba una violencia económica”, dictaminó la Corte de Relaciones Domésticas de Estambul, en un caso que podría sentar un precedente judicial para otras demandas similares de divorcio.

Según informó la prensa turca, la mujer, identificada únicamente por las iniciales E.A., había presentado una demanda ante el tribunal alegando que su marido, M.A., con el que había contraído matrimonio en 2003 y con el que tenía dos hijos, nunca había trabajado ni cumplido ninguna de sus responsabilidades.

E.A. alegó ante la corte además que debido a la inactividad de su marido desde el mismo día de su boda, habían sido desahuciados de las viviendas donde residían en “incontables ocasiones”, sufriendo además cortes en el suministro de electricidad, gas y agua por el impago de las facturas. Por todo ello la mujer se había visto obligada a vivir con familiares, lo que finalmente la llevó a presentar una demanda formal de divorcio.

En su resolución, el tribunal consideró que tanto los numerosos desahucios como los cortes en servicios básicos como agua, luz o gas habían estado ocasionados por el comportamiento irresponsable del marido, que no cumplió con sus obligaciones al negarse a buscar una actividad laboral.

La violencia económica es un tipo de violencia de género que no siempre es fácil de identificar, dado que a menudo es aceptada por la mujer a causa de su cultura o educación. Se considera que existe una violencia o abuso económico cuando uno de los cónyuges tiene un control sobre el otro sobre en el acceso a los recursos económicos de la pareja, disminuyendo así la capacidad de la víctima para gestionar sus propios recursos y obligándola a depender económicamente de su cónyuge; éste acostumbra a controlar y supervisar todos los gastos, y a emplear amenazas para mantener el control sobre la víctima, tales como dejarla en la calle y sin recursos o quitarle sus hijos, si existen.