El gobierno turco anunció el 1 de enero la clausura completa de cinco centrales térmicas en el país y otra más de forma parcial, después de que las empresas que las gestionan no cumplieran el ultimátum que se les había dado para que cumplieran la legislación que les obliga a instalar filtros contra la contaminación.

"Las centrales energéticas que han sido clausuradas, no serán autorizadas a volver a entrar en funcionamiento hasta que hayan completado los protocolos medioambientales", anunció el ministro de Medioambiente de Turquía, Murat Kurum, durante una conferencia de prensa ofrecida en Ankara para explicar las medidas adoptadas.

Por su parte el ministro de Energía y Recursos Naturales, Fatih Dönmez, indicó que la producción horaria de las centrales clausuradas alcanzaba de media los 1.883 megavatios de potencia. "Tenemos suficiente capacidad de reserva para compensarlo con otras plantas de energía", aseguró Dönmez.

"Cerrar estas centrales o detener su producción durante un cierto período de tiempo no supondrá ningún problema para nuestro suministro energético. Con nuestra capacidad instalada de más de 90.000 megavatios, y la diversidad de nuestros recursos, nuestro suministro de electricidad continuará sin interrupciones", recalcó el ministro.

Erdoğan vetó en diciembre una ley que daba 2 años más de plazo a las centrales

Turquía ha comenzado a emprender acciones drásticas contra aquellas centrales energéticas que no acaten la legislación medioambiental del país, después de que el pasado 2 de diciembre el presidente turco Tayyip Erdoğan vetase una ley aprobada a finales de noviembre en el parlamento turco que volvía a posponer por otros dos años y medio la instalación de filtros contra la emisión de gases y partículas nocivas a la atmósfera en 15 centrales térmicas.

Anteriormente, las centrales térmicas de Turquía ya habían recibido un plazo de 2,5 años que expiraba el 1 de diciembre para instalar filtros contra la contaminación. La aprobación en el parlamento de una nueva prórroga por medio lustro más desató la indignación pública y obligó a intervenir al presidente turco, que se negó a ratificar la ley -paradójicamente- aprobada con los votos de su partido AKP y de sus aliados del MHP.