El gobierno turco planea cancelar las deudas de unos 6 millones de ciudadanos por un valor total de 30.000 millones de liras -unos 1.650 millones de euros- como parte de las ayudas que el gobierno de Erdoğan ha puesto en marcha para ayudar a los sectores de la población más desfavorecidos y que más están sufriendo los efectos de la inflación, que ronda ya el 80% en Turquía.

Según informaban hace unos días medios turcos, el ejecutivo de Ankara incluirá en las deudas a condonar facturas sin pagar de servicios públicos, teléfono, agua, luz o gas natural, entre otros. El ministro de Tesorería y Finanzas de Turquía, Nureddin Nebati, ha asegurado que el gobierno podrá llevar a cabo sin cargo a los presupuestos del Estado esta medida, que necesitará de una legislación ad hoc que deberá ser aprobada por el parlamento, una vez éste retome su actividad tras el verano.

Para lograrlo, las empresas acreedoras que ya hayan presentado una demanda ante los tribunales económicos deberán registrar las deudas como gastos en sus libros de contabilidad, y deducirlas de los impuestos a pagar a la Hacienda pública, por lo que dichas deudas serán asumidas por el Estado y los casos presentados ya ante los tribunales serán anulados.

El plan incluye cancelar las deudas remitidas a los tribunales por valor de hasta 2.000 liras -unos 110 euros- de unos 5 millones de ciudadanos turcos, así como aquellas deudas de hasta 2.500 liras -unos 140 euros- que hayan sido transferidas a compañías financieras y de gestión de deuda.

La cancelación de las deudas de millones de ciudadanos turcos con bajos ingresos forma parte de los planes del ejecutivo para combatir el creciente aumento del coste de la vida por factores como la crisis económica, la inflación o la devaluación de la lira, que está mermando seriamente el poder adquisitivo de las clases más bajas. Dichos planes incluyen también la reducción de impuestos en los alimentos más básicos, la limitación de la subida anual de la renta al 25%, y la puesta en marcha de obras para construir masivamente miles de viviendas públicas en un intento por frenar la escalada de precios en el alquiler y compra de vivienda.