Los países de la Unión Europea podrían verse obligados a aumentar la edad de jubilación ante el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad, según sugirió la Comisión Europea, que cree que de lo contrario Europa afrontará un colapso de sus sistemas de seguridad social.
"A menos que la gente, a medida que vive más, también trabaje más tiempo, o empiece a contribuir a su pensión antes durante su vida laboral, las pensiones sufrirán o se dará un alza insostenible en el gasto en pensiones", dijo la Comisión Europea en un informe publicado el miércoles, donde subraya que los sistemas de pensiones de los países de la UE afrontarán una intensa presión en las próximas décadas ante la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
En el texto, que fue remitido a los gobiernos de los 27 países de la UE para su análisis, se indica que actualmente hay cuatro personas en edad laboral por cada ciudadano mayor de 65 años, una proporción que pasará a ser de tan sólo dos trabajadores por cada jubilado para mediados de este siglo, a menos que los sistemas de pensiones sufran un cambio.
El informe hace incapié también en cómo la crisis económica y los problemas de deuda pública en varios países de la Eurozona han puesto de relieve la vulnerabilidad de la economía de muchos países de la Unión Europea. "La elección a la que nos enfrentamos es pensionistas más pobres, contribuciones más altas, o más gente trabajando más tiempo", dijo el comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, Laszlo Andor, durante la presentación del informe.
Algunos países como Grecia, España, Francia o Reino Unido ya han anunciado planes para aumentar la edad de jubilación en el marco de las medidas de austeridad para vencer al creciente déficit público que arrastran las finanzas europeas. Muchos alemanes se preguntan además por qué deben financiar un plan de rescate para sanear las finanzas públicas de Grecia, donde los trabajadores se jubilan como máximo a los 55 años, mientras en Alemania trabajan hasta los 65 años de edad.
Sin embargo, y aunque el texto de la Comisión subraya la necesidad de una política común en referencia a las pensiones, el tema afronta una gran oposición por parte de la población -opuesta a perder derechos sociales adquiridos en las últimas décadas- y las pensiones siguen siendo competencia de los gobiernos de cada país miembro de la UE.
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