El gobierno turco no tiene ningún plan para reanudar el llamado “proceso de resolución” que entre 2013 y 2015 planteó unas negociaciones con el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) para poner fin a su lucha armada contra el Estado.

Así lo afirmó İbrahim Kalın, el portavoz del presidente turco, en un comunicado divulgado el viernes a los medios, desmintiendo así otros comentarios realizados previamente por uno de los principales asesores de Erdoğan, İlnur Çevik, quien había sugerido que podría haber nuevas negociaciones con el grupo –reconocido como una organización terrorista por la UE- tras las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 24 de junio.

“La agenda de nuestro Presidente no incluye nada como un nuevo proceso de resolución. La lucha contra el PKK va a continuar”, aseguraba Kalın en el comunicado, después de que durante una entrevista concedida a última hora del jueves a la cadena Habertürk, Çevik sugiriera lo contrario.

“Seguro, por qué no. Pero parece que tendrá que esperar hasta después de las elecciones, debido al poco tiempo (que queda)”, respondió Çevik al ser preguntado por la posibilidad de nuevas negociaciones con el grupo armado. Sus palabras fueron interpretadas rápidamente como un anticipo de futuras nuevas negociaciones de paz, algo que desmintió rotundamente el viernes el portavoz presidencial turco.

“La política de denegación y asimilación que había en el pasado, ha sido abolida”, dijo Kalın. “El Presidente ha llevado a cabo grandes esfuerzos tanto durante su mandato como primer ministro como durante su presidencia para que todos los ciudadanos de la República de Turquía vivan como individuos con igualdad de derechos”, subrayó.

“Él (Erdoğan) ha rechazado todas las formas de distinción (entre ciudadanos) basadas en la religión y la etnia, y lo ha demostrado a través de acciones concretas… Nuestros hermanos kurdos, al igual que el resto de personas, son ciudadanos en igualdad de la República de Turquía”, subrayó Kalın, dando a entender que las justificaciones que el PKK esgrime para su lucha armada carecen de legitimidad, por lo que las fuerzas de seguridad turcas continuarán combatiendo la “crueldad y opresión” del PKK, según aseguró.

Siendo entonces primer ministro del país, Tayyip Erdoğan impulsó a principios de 2013 una iniciativa conocida en Turquía como “proceso de resolución” para poner fin a la lucha armada que el PKK inició en 1984, y que desde entonces ha dejado más de 40.000 muertos entre combatientes del PKK, miembros de las fuerzas de seguridad turcas y civiles.

El proceso, que incluyó negociaciones directas con el líder histórico de la organización Abdullah Öcalan –que cumple desde 1999 cadena perpetua en la isla prisión de İmralı- fue apoyado por un llamamiento del propio Öcalan a un alto al fuego en la primavera de ese mismo año.

El teórico alto al fuego –roto de forma creciente por acciones esporádicas del PKK para demostrar su fuerza- se rompió definitivamente en julio de 2015 con el asesinato de dos policías en la vivienda donde residían en la provincia de Şanlıurfa, en el sureste de Turquía: una acción que el PKK reivindicó como “una venganza por la masacre de Suruç”, en referencia a un atentado suicida perpetrado por el Daesh pero del que el PKK sin embargo responsabilizó al gobierno turco.

Tras la ruptura del alto al fuego la organización terrorista inició una campaña de guerrilla urbana en las principales poblaciones del sureste de Turquía, revelando que había aprovechado los dos años de negociaciones para hacer acopio de armas y explosivos.

La campaña del PKK se topó sin embargo con la falta de apoyo de la población local y con una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad turcas, que abatieron o capturaron a unos 10.000 militantes del grupo, acabando prácticamente con su capacidad operativa en la región. Desde la ruptura de la tregua en 2015, más de un millar de policías y soldados turcos y civiles han muerto en ataques del PKK en Turquía.