La organización de defensa de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) reclamó ayer a las autoridades turcas que demuestren "su voluntad de perseguir a todos los implicados" en el asesinato del periodista Hrant Dink, del que se cumple hoy un año. Asimismo, solicitó al Gobierno de Ankara que emprenda un proceso de reformas "en profundidad" de la legislación y las prácticas del Estado que impiden el libre ejercicio del periodismo, en particular del artículo 301 del Código Penal turco, que penaliza cualquier "humillación a la identidad turca" y en cuya aplicación el periodista había sido procesado en varias ocasiones.

Dink, redactor jefe del semanario bilingüe armenio-turco "Agos", fue asesinado a tiros el 19 de enero del año pasado ante los locales de la redacción en Estambul. Su muerte levantó una oleada de protestas en la comunidad internacional y en Turquía. "No olvidemos que fueron cerca de 100.000 las personas que acompañaron el féretro de Hrant Dink el 23 de enero de 2007", afirmó RSF. "No olvidemos lo que gritaban: "Todos somos Hrant Dink", "Todos somos armenios", añadió la organización.

"Las autoridades deben proseguir con sus investigaciones para identificar a los responsables, quienes quiera que sean, del odioso crimen que tenía todo el aire de una tragedia anunciada", afirmó RSF en un comunicado.

"Deben demostrar su capacidad para asumir su parte de responsabilidad en el atentado que costó la vida a Hrant Dink, y emprender un proceso de reformas en profundidad de la legislación, y las prácticas del Estado", añadió Reporteros. En este sentido, "la reforma del artículo 301 del código penal es una etapa ineludible en ese camino, y animamos a las autoridades a llevarla a efecto rápidamente", concluyó.

El pasado 15 de enero, el ministro del Interior, Besir Atalay, declaró en el Parlamento que "en el caso Drink, la justicia funciona bien. Ninguna dimensión del acontecimiento ha quedado fuera del campo de actuación de la justicia".

Uno de los abogados de la familia Dink, Bahri Bayram Belen, reaccionó inmediatamente a estas palabras asegurando que "las investigaciones judiciales de funcionarios públicos que debían efectuarse se han visto contrarrestadas por inútiles decisiones administrativas" y que desde el principio "algunas investigaciones no se han llevado a cabo de forma conveniente por falta de participación de las fuerzas del orden".

El pasado 4 de enero, el Parlamento turco se hizo cargo del caso y constituyó una subcomisión de investigación de la Comisión de Derechos Humanos encargada de aclarar las circunstancias del asesinato. Aparte, una comisión parlamentaria ha concluido que los funcionarios de la Dirección de Seguridad de Estambul, "desde los mayores a los menores grados, podrían ser considerados responsables" del crimen por no haber cumplido adecuadamente sus obligaciones de control y protección.

Según RSF, Hrant Dink fue víctima de un "nacionalismo oficializado" que entre otras cosas prohíbe mencionar distintos aspectos de la historia turca, entre ellos el genocidio de los armenios bajo el Imperio Otomano.

Este nacionalismo, según la organización, está patente en el artículo 301 del código penal, titulado "Humillación de la identidad turca, la República, las instituciones u órganos del Estado", que sanciona con penas de seis meses a tres años de cárcel "a cualquiera que humille abiertamente al Gobierno, los órganos de justicia del Estado o las estructuras militar o policial".

Hrant Dink fue encausado en aplicación de este artículo y su hijo, Arat Dink, fue condenado el pasado 11 de octubre a un año de cárcel por publicar en las páginas de "Agos" una entrevista, concedida por su padre a la agencia Reuters, en la que recordaba que las masacres de armenios cometidas entre 1915 y 1917 fueron un genocidio. "Desde su entrada en vigor en 2005, 120 personas han sido acusadas por este artículo, que se ha revelado como una herramienta para reprimir la libertad de expresión", denunció RSF.

Las autoridades han anunciado varias veces su intención de reformarlo y en ese mismo sentido se pronunció el pasado 6 de noviembre el ministro de Justicia, Mehmet Alí Sahin, en declaraciones a la agencia de prensa Anatolia.

Las enmiendas propuestas por el Gobierno --que incluyen cambios en algunos términos, la reducción de tres a dos años de la pena máxima o cuestiones relativas a qué organismos pueden autorizar el procesamiento-- están "muy lejos de satisfacer" a Reporteros sin Fronteras, que pide que el texto "sea abrogado pura y simplemente, ya que no aporta ninguna solución al problema de la aplicación arbitraria que puedan hacer los magistrados del artículo 301".