El parlamento turco ratificó a primera hora de este miércoles con los votos a favor del partido AKP del presidente Erdoğan y de sus aliados nacionalistas del MHP, la nueva ley que regulará el uso de las redes sociales en Turquía, y que ha sido criticada por el principal partido de la oposición.

La nueva normativa establece una definición formal para los proveedores de redes sociales (entendidas como plataformas que permiten a los  usuarios crear, ver o compartir contenidos online), que deberán designar un responsable que responda a las investigaciones y procedimientos legales que se inicien en relación a delitos de odio y ofensas realizadas a través de estas plataformas.

Aquellos proveedores de redes sociales con sede en el extranjero que registren más de un millón de visitas diarias en Turquía, deberán asignar al menos un representante para el país; los datos de contacto de esa persona deberán ser incluidos en la web de la plataforma, de forma clara y visible para que sea accesible para todos los usuarios.

Ese representante puede ser una persona jurídica o una persona física, y si este es el caso deberá ser un ciudadano turco. Una vez presentada una queja por la publicación o difusión de contenido ofensivo, los proveedores de redes sociales -que deberán además almacenar los datos sobre sus usuarios en Turquía dentro del país- dispondrán de 48 horas para eliminar dicho contenido.

La legislación aprobada hoy en el parlamento turco establece que, en  caso de que los proveedores de redes sociales no cumplan con sus obligaciones, se enfrentarían a multas cuya cuantía aumenta considerablemente: si antes podían oscilar entre 10.000 y 100.000 liras turcas (de 1.200 a 12.000 euros), la nueva ley las aumenta cien veces y ahora oscilarán entre un mínimo de un millón y un máximo de 10 millones de liras (de 120.000 a 1.200.000 euros).