Los fiscales asignados a la investigación por la muerte de decenas de perros por envenenamiento en la capital turca, Ankara, un delito por el que tres detenidos se enfrentan a un juicio en los tribunales, pedirán la máxima pena posible para los acusados, que podrían recibir más de 5 años de cárcel.

Según informó el martes la prensa turca, la Oficina del Fiscal Jefe de la República en Ankara habría solicitado penas de prisión de hasta 5 años y 4 meses para los tres inculpados, que están acusados de dar carne envenenada el pasado 9 de abril al menos a 16 perros en el barrio de Batıkent del distrito de Yenimahalle, situado a las afueras de la capital, según recoge el pliego de acusaciones de la fiscalía.

Mientras que más de una docena de perros fallecieron tras ingerir el veneno, otros sufrieron daños permanentes a consecuencia del envenenamiento. Tres de los animales pertenecían a una mujer residente en la zona, identificada como Buket Özgünlü, mientras que otros eran perros callejeros a los que los vecinos del barrio solían alimentar.

Un informe preparado por la facultad de veterinaria de la Universidad de Ankara concluyó que para envenenar a los perros se empleó metomilo, un compuesto químico usado como insecticida cuyo uso hoy día está restringido debido a que es altamente tóxico para seres humanos y animales.

El informe elaborado por la Universidad de Ankara concluye de hecho que, como consecuencia del uso del metomilo para envenenar a los perros, se ha provocado “una contaminación ambiental de tal forma que tiene un efecto permanente en seres humanos, animales y plantas”.

Por todo ello la fiscalía de Ankara pedirá penas de entre 4 meses y 3 años de cárcel para cada uno de los acusados por el delito de “daños a la propiedad mediante la muerte de perros con dueño”, y al menos otros 5 años de prisión para cada uno por “envenenar deliberadamente el medioambiente”, además de una sanción económica cuya cuantía no ha trascendido.

Además de la fiscalía del Estado, la propietaria de tres de los perros muertos, el ayuntamiento metropolitano de Ankara, y varias asociaciones de abogados de todo el país se han personado como acusación particular en el caso, que ha reabierto el debate sobre la necesidad de otorgar un nuevo estatus legal para las mascotas –consideradas ahora sólo como una propiedad- y leyes que incluyan penas de prisión para aquellos que torturan o matan a animales.