Después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas votara a última hora del jueves a favor de conceder el estatus de país observador al Estado palestino, el gobierno israelí respondió el viernes anunciando la autorización para construir miles de nuevas viviendas para colonos judíos en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental.

Fuentes del gobierno israelí confirmaron a la prensa la noticia añadiendo que el ejecutivo de Netanyahu también había decidido acelerar los preparativos para construir miles de casas para colonos en zonas próximas a Jerusalén, la llamada E-1, que supone cortar prácticamente en dos gran parte de la Cisjordania y en la práctica representará un serio revés para la viabilidad futura de un Estado palestino y la solución de dos estados -uno palestino y otro israelí- conviviendo pacíficamente.

La decisión de expandir la política de colonización de tierras palestinas se habría adoptado el jueves cuando quedó claro que la Asamblea General de la ONU concedería el nuevo estatus a los palestinos, que aumentan notablemente su fuerza política en el organismo al dejar de ser una entidad y convertirse en un estado no miembro pero reconocido como tal. La resolución fue aprobada por abrumadora mayoría -138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones- en lo que fue considerado como una gran derrota política y diplomática para Israel tan sólo unos días después del fin de los bombardeos sobre Gaza, a los que precisamente se refirió el presidente palestino Mahmud Abbas ante la Asamblea para defender el nuevo estatus de Palestina.

Tras este serio revés que habría puesto en evidencia el aislamiento político de Israel, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu habría autorizado la construcción por ahora de al menos 3.000 nuevas viviendas y la puesta en marcha de preparativos para otras miles más. Cerca de medio millón de colonos judíos viven ya en Cisjordania y Jerusalén Oriental, en unos territorios que Israel se anexionó tras la Guerra de los Seis Días de 1967 y que no están reconocidos internacionalmente.

Una de las principales preocupaciones ahora de las autoridades israelíes es que el nuevo estatus palestino les permite acudir al Tribunal Penal Internacional, donde podrían demandar a Israel por crímenes de guerra. Si bien inicialmente Abbas afirmó que no tenía intención de acudir a la corte en una apuesta por reanudar el proceso de paz con Israel, la anunciada política de nuevas colonias de Netanyahu podría hacerles cambiar de opinión.

La Convención de Ginebra prohíbe a los países desplazar a su propia población civil al territorio ocupado, algo que el gobierno israelí lleva incumpliendo años. Israel sin embargo defiende la ocupación en base a lazos históricos y bíblicos con Cisjordania y Jerusalén, a la que consideran su capital "eterna e indivisible", aunque la mayor parte de la comunidad internacional sigue reconociendo únicamente como capital del Estado israelí a Tel Aviv.