El parlamento de Suecia aprobó una reforma que busca reforzar las leyes contra el terrorismo, aumentando las penas de prisión y ampliando los delitos que pueden considerarse -por ejemplo- como colaboración con grupos terroristas, en un intento de acercar posturas a Turquía y que Ankara apruebe finalmente su entrada en la OTAN.

La nueva legislación considera ahora ilegal cualquier tipo de ayuda, promoción o reclutamiento realizado con grupos terroristas, así como viajar a otro país para unirse a un grupo (una clara alusión a los militantes del PKK), y prevé hasta 4 años de cárcel -ampliables a 8 en los casos más graves- para quienes promuevan o apoyen a grupos extremistas, así como la introducción de prisión permanente revisable para los líderes de organizaciones terroristas; incluso acciones como cocinar, realizar actividades de transporte, u organizar reuniones para estos grupos, es ahora considerado un crimen por la legislación sueca.

El propio ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strommer, destacó que la nueva legislación supone “una considerable ampliación del delito de terrorismo en comparación con las actuales leyes”.